Durante el transcurso de la semana, se han lanzado fuertes críticas al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por un presunto mal manejo del funcionamiento de personal, mala organización e ineficiencia de la institución ante el caso de la joven fallecida Luany Valeria Salazar Zamora el pasado 15 de Junio. Ante esta situación el medio de comunicación Melissa Ramírez piensa lo siguiente.
La labor del OIJ no fue como la mayoría de la población lo apreció. La institución se apegó al protocolo y además de los errores cometidos, el resultado fue victorioso.
El jueves 11 de junio se reporta la primera llegada de la madre de la víctima a las oficinas del OIJ en San José, en un horario en el cual la oficina se encontraba abierta y disponible, ya que el horario en todos los departamentos es de 7:00 hasta las 16:30.
En una en una entrevista, Patricia Zamora madre de la víctima, aclaró que en las oficinas del OIJ le solicitaron paciencia ante su desespero, dándole aires de esperanza sugiriendo que la joven pudo haberse ido con alguna pareja sentimental, de esta manera, la oficina aclara que desde el primer momento, se abrió el caso y de inmediato comenzaron las labores correspondientes.
En el momento que la madre y su hijo, es decir, el hermano de la víctima encuentran el cuerpo de la joven, semienterrado en el patio de la casa de un vecino del barrio, estallan en desespero, angustia y enojo contra las autoridades por “no haber actuado a tiempo”. Esto provocó una divulgación de comentarios en contra de la institución perteneciente al poder judicial.
Este escenario trae al presente, el caso tan similar de la joven Allison Bonilla, quien se encuentra desaparecida desde el mes de marzo, así como ella, el OIJ de igual forma ha actuado bajo las mismas normativas y ha realizado una labor de búsqueda exhaustiva y minuciosa.
Ante la lluvia de críticas que recibió el OIJ, también se divulgó mediante redes sociales información falsa, así es el caso de la asesora del Partido Acción Ciudadana (PAC), Marisa Batalla Chacón público en su cuenta de “Twitter” que el cuerpo de la joven iba a ser entregado por parte del OIJ a la familia en dos días, tiempo en el que según la asesora no era suficiente para realizarle una autopsia al cuerpo y que por ende el caso iba a quedar sin una conclusión satisfactoria para que el responsable pagara las consecuencias.
Tal como lo informó la Fiscalía, Luany murió por siete puñaladas en su cuerpo, resultados que arrojó la autopsia realizada por la medicatura forense. Luego fue enterrada en la parte trasera de una vivienda en Linda Vista de Río Azul en La Unión de Cartago.
El Organismo de Investigación Judicial se defendió y comunicó datos sobre el operativo que llevaron a cabo en este caso después de que se realizó la denuncia. Walter Espinoza pone la cara como director de la institución y concluye en que el trabajo realizado fue efectivo y que se hizo todo lo posible por priorizar el caso y obtener resultados eficientes.
El sábado próximo, llega una información inexacta a las oficinas que solamente hizo que se atrasara el proceso ya que fue en un precario de Curridabat donde se solicitaba un tipo de canje a cambio de la libertad de la víctima. Se permaneció en el lugar desde las 9:00 hasta las 13:00 y no hubo resultados.
El siguiente lunes el OIJ realizó un traslado hacia un taller donde se encontraba el teléfono móvil de la joven el cual de inmediato fue sometido a revisión detallada por expertos.
Costa Rica es un país burocrático, cada diligencia requiere de otras consigo. Las instituciones del Gobierno también tienen protocolos y normativas, que en algunos casos llegan a atrasar procedimientos. Sabiendo esto, el OIJ se defiende diciendo primeramente que no se tenía información sobre el homicidio de Luany, el ojo estaba puesto ante una posible desaparición o secuestro.
Cabe destacar que la policía y todos los órganos del Estado tienen restricciones para ingresar a cualquier domicilio, local, casa o negocio ya que están resguardados por ser propiedades privadas, para revisar la vivienda del sospechoso fue necesaria la autorización de un juez. “Lamentamos muchísimo la situación que ha sucedido. Les hemos hecho un recuento de cuáles son las acciones que hemos desarrollado (…) con la intención de comunicar que asumimos el caso con seriedad. (…) Estábamos en proceso de realizar acciones más directas, pero eso requiere que tengamos que dar un reporte a la Fiscalía y que ellos lo trasmitan ante el juez para lograr la autorización, manifestó Espinoza.
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